28-03-2017 El presidente añade que la Diputación de Badajoz siempre contribuirá a la defensa de la Memoria y a la reconciliación de la ciudadanía
La noticia, recogida hoy por los medios de comunicación, en relación a que la fiscalía no aprecia delito de prevaricación administrativa en el presidente de la Diputación de Badajoz por la exigencia de cumplir la Ley de Memoria Histórica para acceder a las subvenciones de la institución provincial, tras estudiar la querella del alcalde de la pedanía pacense de Guadiana del Caudillo contra él, es para Miguel Ángel Gallardo “algo esperado”.
El presidente declara que “mi impresión, en realidad, es que era algo esperado, lo dije cuando a bombo y platillo el alcalde de Guadiana anunció que ampliaba la querella, esta vez por prevaricación y ya respondí que era una patada al aire, fundamentalmente porque la Diputación de Badajoz las cuestiones que resuelve siempre tienen que ver con la legalidad. Lo que pasa es que la legalidad a veces molesta al alcalde de Guadiana”.
En este sentido, Gallardo manifiesta que lo único que se quiere es que se cumpla la ley promulgada por el Parlamento y que a día de hoy no está derogada, “algo que parece molestar al alcalde de Guadiana -precisa- pero la Diputación tiene muy claro que va a contribuir a la defensa de la Memoria y a la reconciliación de la ciudadanía, y ese sentido vamos a cumplir las leyes”.
Por ello, añade el presidente provincial, “como la potestad de dar subvenciones por parte de la Diputación de Badajoz la tiene la propia Diputación de Badajoz, quien no cumpla con la ley lógicamente no podrá acceder a subvenciones, y en el caso de que acceda tendrá que reintegrarla si no cumple con lo que se especifica en la base de subvenciones”.
Para Miguel Ángel Gallardo, la satisfacción por el anuncio de la fiscalía es lógica “porque se demuestra lo que el equipo de gobierno de la Diputación de Badajoz en su día decidió estaba bien hecho y que lo hicimos con el asesoramiento de los asesores jurídicos y técnicos de la institución provincial”.
“Por lo tanto -concluye el presidente-, teníamos seguridad plena de que no estábamos incurriendo en ningún tipo de ilegalidad. Lo ilegal es no cumplir la ley. Por ello lo que tiene que hacer el señor Pozo Pitel es dedicarse a cumplir la ley, gobernar para los ciudadanos y olvidarse de las obsesiones con el presidente de la Diputación de Badajoz”.
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Publica: Gabinete de Comunicación (Presidencia y Relaciones Institucionales)